MENORES DE EDAD CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (TDAH)

De los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador», 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), deriva el deber del Estado Mexicano de promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), que es una condición en el desarrollo neurológico que puede afectar significativamente a las interacciones sociales del paciente, con síntomas de hiperactividad e impulsividad que afectan el desempeño esperado en la edad de desarrollo; en la gran mayoría aparece acompañado de una variedad de limitaciones a las actividades ordinarias del menor, como restricciones a la capacidad de aprender y varios desórdenes emocionales y conductuales; de esta manera, el TDAH se asocia con limitaciones que afectan el entorno social del niño, imponiéndole dificultades de aprendizaje y para relacionarse, así como padecimientos psicológicos, como baja autoestima, que ponen en riesgo el desempeño académico y la adaptación social del menor en sus centros de estudio. Por tanto, para lograr la inclusión del grupo mencionado en el Sistema Educativo Nacional, los profesores, autoridades escolares y administrativas, deben tomar medidas de protección reforzada para evitar la discriminación, implementar acciones afirmativas y promover su derecho a la educación, mediante programas de capacitación dirigidos a ese sector de la población, el cual se encuentra en una clara desventaja real y material respecto de los demás, sin que ello implique que los menores en esa condición que infrinjan la normativa escolar, sean inmunes a las sanciones por el personal docente y directivos, pues existen límites en casos de conductas inadecuadas, sobre todo, si se afectan a terceros, ya que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.