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México

Órdenes de aprehensión no ejecutadas

Todo llega a su tiempo y a cada capillita se le llega su fiestecita, y la pandemia ocasionada por el virus SARS-COVID2-2019 no debe detener la acción de la justicia, aunque el cumplimiento de acciones judiciales puede perjudicar el estado de salud de aquellos(as) que las ejecutan.

Una de las mayores demandas de la sociedad es tener una justicia pronta, expedita, legal y equitativa, más aún en momentos de crisis como este en que se necesitan autoridades confiables. La Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Puebla tiene un reto mayúsculo que debe cumplir.

En su comparecencia ante los legisladores y legisladoras del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el Fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal dijo que se llevaron a cabo 20000 órdenes de aprehensión en el estado. Esas órdenes habían sido detenidas por la corrupción de agentes pertenecientes a la extinta Procuraduría General de Justicia y de la hoy Fiscalía, también informo que se trabaja para eliminar esa costumbre.

El Fiscal también informó que se siguen combatiendo rezagos y se ha incrementado el recurso humano al pasar de 2971 servidores(as) públicos(as) en 2019, a 3189 para este año, aunque se mantiene la carencia de personal.

Higuera también encontró que hubo órdenes de aprehensión que no se habían ejecutado desde hace más de 20 años por la corrupción del personal, por lo que de ahí viene el rezago que se tiene con aproximadamente 20000 órdenes de aprehensión.

Higuera también informó de 634091 órdenes para investigar, así como el cumplimiento de 964 órdenes de aprehensión de las que 499 corresponden al sistema acusatorio y 530 al sistema inquisitivo mixto y algunas tenían más de 20 años que no se ejecutaban. El Fiscal dio a conocer que en 97 municipios existen serios problemas de violencia contra las mujeres y tienen los 187 casos de feminicidios ocurridos en épocas recientes y ocho de cada 10 casos han sido esclarecidos.

El funcionario dijo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública hubo 63587 acciones que aparentan delito, aunque esa cantidad es menor en 16.3% con relación a 2019(76557).

El delito de robo registró 25547 casos que representaron el 40.18% del total, mientras que la violencia familiar tuvo el segundo lugar con 9125 casos que significó el 14.35%.

65 feminicidios ocurrieron en viviendas particulares, 51 en calle, 23 casos de mujeres fueron encontradas en lote baldío, 11 en carreteras o caminos, 8 en establecimientos comerciales, 7 en barrancas y tres en presas, lagos o ríos.

Higuera también informó que fueron presentadas 1698 denuncias por desaparición de personas, de las que 85% que representan 1542 fueron localizadas ilesas y en 238 casos fueron víctimas de delito.

Con relación al secuestro o privación ilegal de la libertad, se detuvieron a 121 responsables de 27 casos, vinculados a 26 carpetas o denuncias, desarticularon 13 bandas criminales, rescataron 33 víctimas y en dos casos no han sido localizadas.

El mismo funcionario dio a conocer que el área de asuntos internos tiene 122 casos y la mayoría de ellos es contra servidores(as) públicos relacionados con abuso de autoridad, extorsión y cohecho, de las que 14 se han llevado a tribunales.

El fiscal informó que pese a la contingencia no se han parado los procesos de investigación, cateos, aseguramientos, como prueba de ello 429 servidores(as) se contagiaron y 6 han fallecido. Y en el proceso de desconcentración ya se tienen elementos en 67 municipios, aunque falta cubrir más territorio.

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