La pandemia ocasionada por el SARS-COV2-2019 no ha detenido la vida del planeta, por lo contrario, las instituciones de todas las naciones se han visto rebasadas. Y las instituciones de los Estados Unidos no son la excepción ya que el candidato perdedor de su elección presidencial ha cuestionado el proceso electoral de su país.
Posiblemente también la Agencia Antidrogas de ellos también, aunque siempre se ha sabido que agentes policiales de los Estados Unidos han operado siempre con el consentimiento o no de nuestras autoridades. Pero al parecer esto está cambiando porque parece ser que nuestro gobierno está empeñado a hacer respetar la soberanía del país al costo que sea, incluido el ser señalado como “corrupto y no congruente”, ya que la 4T supuestamente combatiría la corrupción como forma de vida.
El caso del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda ha despertados muchas polémicas y el centro de una de ellas es el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, el cuál en una entrevista afirmó que no se va dejar, que no lo van a destruir y posiblemente lleve el caso a instancias internacionales.
El fiscal Gertz ha sostenido la decisión de su instancia de no realizar acción carcelaria contra el extitular de la SEDENA, al mismo tiempo también informó que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos no envío todo el expediente en su contra y el Departamento de Justicia de ese país, decidió retirar la acusación y fustigó a todas(os) que desean su salida de la FGR.
Cuando una periodista cuestionó a Gertz acerca de la no aptitud de la DEA por haber realizado su indagatoria teniendo como base textos publicados con escritura defectuosa publicados y realizados en una blacberry, el funcionario mexicano replicó que “él no utilizaría el epíteto de tontos por esa indagatoria”.
Más adelante el fiscal recriminaba que esa investigación debió llevarse en conjunto con el gobierno nacional. Con las suspicacias contra el gobierno mexicano nos entregan alguien que delinquió, esa instancia realiza lo anterior y “nos devuelven a alguien que cometió delito(supuestamente)”.
Gertz Manero señaló que quienes tengan evidencias contra el exsecretario podrían ir a juicio aquí en México, incluido el gobierno norteamericano ya que (según el fiscal) “están notificados en el ejercicio de la no acción punitiva o persecutoria, pudiendo argumental lo que ese gobierno quiera y pueda”. El máximo representante social de la federación señaló que “el caso está abierto”.
Más adelante señaló que la no acción punitiva o persecutoria es un paso combatible por parte de los interesados(as) que presenten evidencias, señalado que no se puede sólo acusar en los medios de comunicación. El fiscal menciono la necesidad de ir a las instancias correspondientes para hacerlo conforme a derecho.
El fiscal advirtió recurrir a instancias internacionales por no estar de acuerdo que un organismo autónomo la involucren en un asunto que no le corresponde por ser derechos humanos de toda la comunidad que tenga derecho a la presunción de inocencia. Gertz Manero con una simple lectura fustigo la veracidad de los testimonios presentados por la DEA.
El funcionario público federal sostuvo como inaceptable “someternos a una descalificación permanente” y que por eso llevaría el problema a un organismo internacional, y que supuestamente ese ente decidiera si la FGR tuviese la razón o no y si se está actuando con soberanía no. Más adelante sostuvo “que el asunto servirá para un linchamiento”.
El máximo encargado del Ministerio Público de la Federación informó que la FGR había iniciado una investigación y le pidieron al Departamento de Justicia norteamericano que aportara todos los indicios, enviando lo mismo que le había dado al gobierno mexicano, al mismo tiempo nuestra fiscalía solicito los testimonios que se le presentaron a los jueces y al gran jurado, también la instancia solicitó los permisos para interceptar y lo argumentado en esas licencias y quién los otorgó, además como se realizó la acusación por parte de dos malhechores que habían platicado con un tercero de los que dos están muertos.
El fiscal preguntó como iba saber todo si dos de los conversadores están muertos (no se les puede tomar declaración) y que con lo enviado era imposible tomar determinaciones.
Ante la cantidad de denostaciones de versos grupos que solicitan su remoción del cargo, el mismo funcionario pregunta que si el problema es afectarlo, a lo que responde que “no se va a dejar”
El máximo agente del ministerio público federal informo que no fue hecha la investigación de forma rápida, poniendo como ejemplo que alguien le llevaba la cuenta acerca de la investigación sobre el caso OBREDECHT que se tardó 60 días, pero la decisión de no ejercitar acción punitiva se realizó 72 días después que Cienfuegos fuera devuelto a México y que Estados Unidos eliminará los cargos.
Alejandro Gertz Manero insistió que la investigación se realizó en tiempo y forma, analizando las pruebas que el mismo gobierno de los Estados Unidos había desistido. Más adelante el funcionario dijo no saber porque ellos se desistieron.
El periodista que entrevistó a Gertz afirmó que el gobierno mexicano había obtenido la devolución de Cienfuegos con el requisito de que el exmilitar aquí fuera indagado, no argumentando nunca inocencia. El entrevistador informó que iban a devolver al militar y después de haber mostrado todos los datos, el Departamento de Justicia protesto ello por haber violado los convenios y acuerdos entre ambos países, al mismo tiempo esa instancia dejaba entrever que podía volverlo a indagar o reapertura el caso, es decir no se rajaron.
El Fiscal General replicó no estar de acuerdo por que los razonamientos del periodista no necesariamente llevarían a un desistimiento de la acción carcelaria como ellos lo habían hecho. Esto porque el gobierno de los Estados Unidos constantemente solicita enviar gente que tiene algún procedimiento, nunca se declaran inocentes y se desiste de los cargos.
El fiscal enfatizaba que si los Estados Unidos se desistió de juzgar al militar mexicano u otra cosa era problema de ellos, porque si supuestamente iban a entregar a una persona que era culpable, no hubieran retirado las imputaciones y posiblemente esas acciones impidan que el exsecretario sea juzgado incluso en México.
El fiscal preguntó porque la juez no desechó su petición de retirar las imputaciones contra el exsecretario, por lo que ni el fiscal ni las autoridades judiciales del vecino del país tendrían porque invalidar su propio trabajo. Getz argumentó que para enviar a juicio a una persona a otro país, este último no tendría porque desistirse de la acción carcelaria contra el(LA) culpado(a) y que en Estados Unidos se afirme que el juzgado(a) ya no tiene delito y eso sea ratificado por autoridad judicial.
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