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Al parecer la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS.COV2-2019 con su cauda de muertes y secuelas a quienes después de estar graves logran sobrevivir y crisis económicas por el confinamiento, no ha logrado detener uno de los objetivos del actual gobierno que es la renacionalización de sectores estratégicos de la economía
El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tiene como uno de sus objetivos principales la renacionalización de la industria energética, que por supuesto incluye al sector eléctrico. Si es factible, ello no será fácil porque habría que cumplir compromisos nacionales e internacionales como el combate al cambio climático mediante la generación de energía eléctrica con métodos no tan contaminantes y apostarle a la generación de electricidad utilizando el viento, el sol, la geotermia o la basura.
Además, los(as) afectados(as) darían una dura y larga batalla legal para hacer valer contratos y derechos adquiridos. Pero veremos que sucede.
Esta iniciativa fue enviada a la H. Cámara de Diputadas y Diputados en el inicio de su periodo de sesiones y el documento deberá ser discutido en un mes. El propósito es otorgar preferencia a Comisión Federal de Electricidad en la producción y distribución de energía eléctrica.
En la sesión a distancia que celebró el día de ayer el Congreso General la priista y presidenta de la Mesa Directiva Dulce María Sauri Riancho informó de la remisión de la iniciativa por parte de Andrés Manuel López Obrador que reforma y adiciona la Ley de la Industria Eléctrica con trámite preferente.
La iniciativa señala la necesidad de fortalecer a la paraestatal para beneficio nacional, cuyo carácter es estratégico en lograr un sistema eléctrico confiable, siendo indispensable no incrementar las tarifas eléctricas y también garantizar la seguridad energética como elemento vital para la seguridad nacional.
La iniciativa tiene proyectado modificar el mecanismo de generación de las centrales generadoras para quedar en orden de prioridad:
-La producida por hidroeléctricas.
-Producida por otras plantas.
-Energía eólica o solar del sector privado.
-Ciclos combinados de empresas privadas.
El proyecto de reformas también tiene como meta la confiabilidad y un sistema de precios y tarifas, que serían actualizados con base en la inflación. Esto resultante por modificar el orden de prioridad del despacho, mediante la operación de las generadoras en el actual Contrato Legado de la Comisión Federal de Electricidad, diseñando un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.
El documento señala que con ambos tratos financiero y entrega física se descartarían gastos presupuestales con impacto que perjudique a los contribuyentes y a los recursos económicos de la nación, garantizando la estabilidad en la tarifa eléctrica.
La iniciativa terminaría el engaño en precios en el mercado que favorece la especulación, el dumping y subsidios otorgados por Comisión Federal a concesionarios privados, y el reconocimiento de costo total, permitiendo competencia equitativa entre los que participan en el mercado.
El paso del Despacho Económico a Entrega Física de las Centrales en el contrato legado, tiene como meta no hacer a un lado a las generadoras que pertenecen a Comisión Federal de Electricidad, con ello se asegura su despacho vital ante otros participantes en la industria, obteniendo la rentabilidad que indica la legislación actual para los proyectos de CFE que son limitados por el Despacho Meritorio del Mercado Eléctrico Mayorista con precios que cambian, favoreciendo la especulación de los productores privados.
La iniciativa plantea al parecer que los nuevos planes de generación se sumarían a los contratos legados y de entrega física de energía y Capacidad para que se beneficie al suministrador del servicio básico y particularmente a usuarios finales. El aumento de la participación de CFE aseguraría la confiabilidad del sistema y la seguridad energética del país aumentando la reserva rodante.
El documento propuesto por AMLO prevé la obligación de que las licencias referidas en la Ley de la Industria Eléctrica se sujeten a los criterios del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía; que el certificado de energía limpia no dependa de la propiedad o fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
AMLO también se enfoca a eliminar las compras por subasta para el Suministrador de Servicios Básicos, la Comisión Reguladora de Energía se obligaría a quitar licencias de autoabastecimiento, así como sus cambios en los casos que hayan sido obtenidos por fraude a la ley.
El documento plantea la necesidad de revisar el apego a la ley y rentabilidad para el gobierno de México de Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía y Compraventa de esta llevados a cabo con productores independientes al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Si la iniciativa se aprobara tal como esta escrita, la Secretaría de Energía, la Comisión reguladora del ramo y el Centro Nacional del Control de Energía tendrían 6 meses como máximo (contados a partir de la entrada en vigor de las reformas) para modificar las resoluciones, acuerdos, lineamientos, políticas, manuales, etc. expedidos en materia de energía eléctrica.
Además, las licencias de autoabastecimiento, tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que continúen, podrán ser revocados por el procedimiento administrativa o establecido en la Ley de la Industria Eléctrica por la Comisión Reguladora de Energía, pudiendo solicitar un permiso para generar electricidad conforme a la ley.
Los contratos de compromiso de capacidad y compraventa de energía que se han firmado con productores independientes bajo la reglamentación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mismos que deberían ser revisados, para garantizar beneficios al gobierno federal. Si la iniciativa se aprueba el gobierno de México enfrentaría muchos juicios.
