MASACRE DE MIGRANTES: 10 AÑOS DE IMPUNIDAD.
Dice un dicho que, tras golpeado, apaleado (y asesinado) y esto es aplicable a los migrantes que pasan por nuestro país para ir a buscar el sueño americano, cosa que muchas veces se queda en solo eso…un sueño truncado cuando se pierde la vida por diversas causas en suelo extranjero. Eso sucedió en San Fernando estado de Tamaulipas hace 10 años cuando asesinaron a 72 migrantes encontrados el 24 agosto de 2010.
El especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos y Consejero Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Asociación Civil, sostiene que finalizar con la impunidad en los crímenes atroces requiere de voluntad política y no la hay, por lo que el no sancionar esos homicidios es prácticamente absoluta.
Sentencia que la violencia se ha introducido en México por mucho tiempo y goza de total permiso. 10 años han pasado desde que 72 inmigrantes de Centro y Sudamerica fueron torturados y ejecutados en San Fernando Tamaulipas. Hecho que realizado en un marco de violencia generalizada y continua en el noroeste del país controlado por los Zetas en connivencia en colaboración con miembros del gobierno.
El luchador social ha señalado que los datos más importantes no son generados por las instancias del Estado, si no por investigaciones de periodistas y académicos(as), recalcando que la verdad y la justicia no se han establecido do ni son importantes para los órganos del Estado, ya que éste último es coparticipe en realizar los crímenes y de mantener el silencio y la impunidad.
Hasta el momento no hay ninguna persona sentenciada por el asesinato de 72 inmigrantes. Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó en 2009 que había 9000 secuestros de migrantes ocurridos en un lapso de 6 meses en los que se reportaba la participación de agentes gubernamentales, en el caso tamaulipeco no se ha establecido un profundo análisis de esa hipó tesis. Además equivocadamente entregaron 9 cadáveres a sus familiares y aún hay otros 9 sin identificación.
Después de tres sexenios (PGR como parte del Poder Ejecutivo y FGR en teoría autónoma) las indagaciones siguen siendo caso por caso, no ven el fenómeno ni el contexto, no hacen nuevas hipotesis o planteamientos de macro criminalidad y de graves violaciones a los derechos humanos. Los criminales y funcionarios nunca son enjuiciados e investigados por crímenes de lesa humanidad, si no por delitos donde se afecten bienes del estado, por tener armas, corrupción, etc.
Para denunciar el hecho se ha instalado una estatua conmemorativa a los migrantes asesinados en San Fernando. El número 72 hecho en letras gigantes se suma a otros monumentos de protesta como el dedicado a los desaparecidos de Ayotzinapa y a los niños muertos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora ocurrido el 5 de julio de 2009.
Preservar la memoria en el espacio público es desnudar a un Estado omiso.
Todos(as) exigen la verdad, justicia y recompensa por el daño sufrido. El gobierno sólo ha establecido una Comisión Para Ayotzinapa y niega la verdad, la justicia, la reparación y no repetición a muchas víctimas y al pueblo en general.
Nuevamente la nota afirma que no voluntad para resolver y sancionar a los y las culpables de crímenes contra la humanidad, la impunidad es absoluta. Se necesita una órgano de la verdad que aporte datos sobre nexos criminales y su manera de trabajar, de la organización política de apoyo a delincuentes y de la trama económica. Con esos datos la organización contra la impunidad y con asistencia internacional podrá indagar y destruir redes de gran criminalidad.
Se ha informado que el actual Gobierno de México aceptó esos planteamientos, pero tan pronto entro en funciones, los descartó.
El Senado aprobó unirse al Estatuto el 21 de junio de 2005, y los Acuerdos precisan el alcance, las interpretaciones y definiciones del estatuto. Nuevamente se señala que los ataques a la población fueron de manera general y sistemática, como lo muestran diversas indagatorias y documentos, teniendo como metas el control territorial, asustar a la gente y obtener ganancias criminales.
El documento normativo de la Corte Penal Internacional resolverá no admitir la admisión de un asunto cuando el tema sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste quiera hacer la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; o el asunto haya sido objeto de investigación por un gobierno que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no promover acción penal contra la persona de que se trate.
Aunque 10 años sin castigo a culpables parece adecuado. Se han enviado diversas denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidas en México. Nuevamente sostengo que un deseo genuino por terminar con la impunidad es crear un organismo de la verdad y un mecanismo internacional contra la impunidad o pedir a la Corte Penal abrir una investigación por los crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en México.
Otra salida es una mentira, los 10 años de impunidad por el asesinato masivo en San Fernando son sólo un ejemplo de los cientos que hay en México. Por lo que las estatuas de protesta seguirán aumentando como una forma de protesta, resistencia y recordatorio de que en el país se perpetran asesinatos en masa con absoluta impunidad.
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