Instituciones de Seguridad pública y el Estado (Autoridad): Naturaleza Administrativa

Tesis: PC.III.A. J/72 A (10a.)	Semanario Judicial de la Federación	Décima Época	2020246        1 de 1
Plenos de Circuito	Publicación: viernes 05 de julio de 2019 10:12 h		Jurisprudencia (Común)

Del análisis sistemático de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3o., fracciones XII y XXIII, 27 y 36 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se obtiene que: i. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus propias leyes; ii. Conforme a la propia legislación local en materia de seguridad pública se consideran elementos operativos, entre otros, a quienes se les atribuya ese carácter mediante nombramiento; iii. Dicho nombramiento es un acto administrativo condicionado, que no se considera como contrato de trabajo ni un acto expedido con fundamento en las leyes que rigen la relación laboral del Estado con sus empleados servidores públicos. Aunado a lo anterior, de las jurisprudencias P./J. 24/95 y 2a./J. 77/2004, sustentadas respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que: 1) Los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, están excluidos por la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V (actualmente fracción VI), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que ha transformado la relación Estado-empleado, equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris, pues para los citados grupos la relación sigue siendo de orden administrativo y el Estado, autoridad; 2) La relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y los reglamentos que les correspondan y, por tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad; 3) Aun cuando las Legislaturas de los Estados deben regular las relaciones de los trabajadores del Estado, acatando las bases establecidas en el artículo 123 constitucional y en sus disposiciones reglamentarias, el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública se encuentra expresamente señalado en el citado numeral 123, apartado B, fracción XIII, como especial y fuera del ámbito laboral; y, 4) Al referirse el Constituyente a que «se regirán por sus propias leyes», se crea para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado, un estatus jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa. Por tanto, la relación entre los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa y se caracteriza por la excepcionalidad de derechos laborales, por lo que el Estado no es equiparable a un patrón, de ahí que, las determinaciones que tome en torno a dicha relación no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad. Consecuentemente, la retención del pago o la omisión de otorgar los beneficios derivados de la prestación de servicios de los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública hacia el Estado, debe considerarse un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debido a que, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la promoción del juicio administrativo en el Estado de Jalisco, es optativa (en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007), pues se actualiza una excepción al principio de definitividad, porque el artículo 67, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco exige mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado que los previstos en la Ley de Amparo.